Para comenzar su actividad el trabajador autónomo necesita realizar una serie de trámites, entre los que se encuentra la solicitud de las licencias pertinentes que variarán según el tipo de actividad del negocio. Este trámite se realizará en el Ayuntamiento en el que vaya a desempeñar sus tareas. Las licencias más habituales son las siguientes:
- Licencia de Actividades e instalaciones y obras: cuando la actividad se vaya a desarrollar en una vivienda, oficina, local, almacén, etc, es preciso que cuente con la debida licencia urbanística municipal que deberá aprobar el consistorio en el que se ubique.
- Licencia de Funcionamiento: su objetivo es autorizar la puesta en uso de las instalaciones, locales o edificios, una vez que tengan constancia de que reúnen las condiciones precisas en cuanto a licencias de actividades e instalaciones, además de encontrarse finalizados y aptos según las condiciones ambientales y urbanísticas que se marquen. Está sujeto a licencia de funcionamiento toda actividad definida como ‘calificada’, entre las que están las actividades insalubres, molestas y peligrosas que necesiten adoptar medidas correctivas de seguridad, sanitarias y medioambientales.
Existen varios procedimientos para la solicitud de estas licencias.
- Procedimiento ordinario: según el tipo de proyecto técnico puede ser común, si requiere proyecto de obras de edificación, o abreviado. Es necesario para llevar a cabo las obras precisas para la puesta en marcha de la actividad o su modificación.
- Implantación o Modificación de Actividades: hace referencia a las actividades que precisen de algún documento técnico requerido por la normativa sectorial o que se encuentren en el Catálogo de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
- Comunicación Previa: para aquellas actividades que no precisen de documentos técnicos y se realicen obras de pequeño tamaño.
- Declaración Responsable: el titular de la actividad suscribe un documento a través del cual reconoce cumplir con los requisitos sectoriales y urbanísticos que obliga la normativa vigente para ejercer la actividad empresarial, comprometiéndose además a cumplirla durante el tiempo que desarrolle la tarea.
